Wednesday, December 26, 2012

Colaboración de Antonio Silva



MANIFIESTO FRENTE AL DESVARÍO
Escrito por Adolfo Paúl Latorre. Abogado

Sábado, 15 de Diciembre de 2012



La imagen tradicional de la diosa griega Themis —personificación mitológica de la justicia— lleva una venda que cubre sus ojos como símbolo de la imparcialidad al resolver; una balanza cuyos platillos están contrapesados, que simboliza la consideración objetiva de los argumentos de las partes enfrentadas; y una espada, que representa su capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta. La imagen que aquí se muestra representa a la justicia que le está siendo aplicada a los militares y carabineros chilenos que se vieron obligados a utilizar la fuerza para conjurar una guerra civil, para impedir la instauración de un régimen totalitario marxista-leninista en nuestra patria, y para evitar o reprimir las acciones violentas de extremistas, guerrilleros y terroristas. La injusticia tremenda a que los militares y carabineros en retiro están siendo sometidos se representa en esta imagen de una diosa con manos en las caderas y desafiante mirada, simbolizando la arrogancia de los jueces que presumen estar por sobre la ley; sin la venda sobre los ojos y con la balanza enredada y cargada hacia uno de sus lados, representando la parcialidad y la falta de equidad.


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MANIFIESTO FRENTE AL DESVARÍO

A todos nos afecta y mucho importa que en la vida larga o corta que llevamos libres o siervos seamos.

Verso de Antonio Machado Ruiz (adaptación de Jaime Alonso García)

No hay otra opción: o aplicamos el derecho o regresamos a la barbarie.

Pensamiento de William Thayer Arteaga (adaptación de Adolfo Paúl Latorre)

En relación con las causas relativas a la violación de derechos humanos seguidas en contra de militares y carabineros en retiro:

Teniendo presente:

—Que el anhelo de bien común de una sociedad que asuma la libertad como presupuesto de su existencia, exige que la ley sea justa y que ella se aplique a todos por igual.

—Que para comprender el origen de los procesos contra los militares y carabineros por causas de derechos humanos es preciso remontarse a la década 1965-1975 y conocer el contexto social histórico que se vivía en aquellos años.

—Que la mayoría de las personas que actualmente tienen menos de cuarenta y cinco años de edad no vivieron en esa época y desconocen o tienen una visión tergiversada de lo ocurrido.

—Que para ilustrar con objetividad el referido contexto social histórico es conveniente dejar hablar a los principales actores de esa época.

—Que el Partido Socialista de Chile, en su XXII Congreso realizado en la ciudad de Chillán entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967, en una resolución adoptada por la unanimidad de sus integrantes, decía: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista… Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder”.



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—Que durante la elección presidencial del año 1970 don Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa, con el 36,2% de los votos, siendo la segunda don Jorge Alessandri con el 34,9 %. Como en esa época no existía la segunda vuelta electoral, si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta le correspondía al Congreso Pleno escoger entre las dos primeras mayorías.

—Que el Partido Demócrata Cristiano, estimando que había sectores que apoyaban al señor Allende que no le merecían fe democrática le exigió, para apoyarlo en el Congreso Pleno, una reforma constitucional que ampliara, perfeccionara y garantizara la plena vigencia durante su gobierno de algunos derechos y libertades que ese partido consideraba esenciales (de opinión, de reunión, de enseñanza, de propiedad, la institucionalidad de las FF.AA., el pluralismo político, etc.) Dicha reforma fue conocida como Estatuto de Garantías Constitucionales y, supuestamente, daría mejor seguridad a los derechos de las personas.

—Que las razones de esta exigencia de garantías fueron resumidas así por el senador Patricio Aylwin el día 22 de octubre de 1970, al discutirse esta reforma constitucional en el Senado: “1. La composición de las fuerzas allendistas, que calificó de heterogéneas, lo que les restaba capacidad para ofrecer, por sí solas, garantías suficientes; 2. La ideología de algunos de los partidos que apoyaban al señor Allende, especialmente los marxistas, que como tales no ofrecían garantías de respeto a las libertades públicas; y 3. Los métodos políticos que caracterizaban a algunas de las fuerzas allendistas, especialmente en cuanto exaltaban la utilización de la violencia como camino político éticamente aceptable”.

—Que el presidente Salvador Allende le manifestó a Régis Debray a comienzos del año 1971: “Sí, nosotros partimos del hecho esencial de la lucha de clases… Todas las medidas que hemos tomado son medidas conducentes a la revolución... Yo he llegado a este cargo para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista” Ante la pregunta del entrevistador: “¿Era absolutamente necesario? ¿Era imprescindible negociar este Estatuto de garantías democráticas?”. Allende respondió: “Sí, y por eso lo hicimos. Sigo convencido que fue correcto producir ese Estatuto de Garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica… En ese momento lo importante era tomar el gobierno”.

—Que la Corte Suprema, en un oficio que le enviara al Presidente de la República con fecha 26 de mayo de 1973 le representaba, “por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales…, lo que significa, no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país”.

—Que el ex presidente de la República y entonces presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, le expresó el día 6 de julio de 1973 a los miembros de la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, cuando ésta concurrió a manifestarle su inquietud porque el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana: “Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. Les aconsejo



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plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

—Que el presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Aylwin Azócar, en una intervención en el Senado el día 11 de julio de 1973 declaró: “La Democracia Cristiana, en cuyo nombre hablo, tiene la conciencia de que estamos viviendo uno de los momentos más graves y trascendentales de nuestra vida republicana… Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Pareciera que Chile ha perdido su personalidad como nación… En nombre de la lucha de clases, convertida en dogma y motor únicos de toda acción política y social, se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de violencias… Aunque a menudo se invoque el nombre de la patria y se abuse grotescamente de su bandera, el sentido de nuestra nacionalidad sufre la mella de la abrupta división entre los chilenos. El recelo y la desconfianza recíproca, cuando no el odio desembozado prevalecen sobre toda solidaridad, y una creciente degradación moral rompe las jerarquías de valores, suelta los apetitos egoístas y sacrifica el bien común… Por dolorosos que sean, nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que Chile parece un país azotado por la guerra. Una realidad que está destruyendo a Chile y poniendo en peligro su seguridad. Una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática. Una realidad que parece amenazar al país con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos… La población civil de nuestra Patria no puede seguir viviendo a merced de grupos minoritarios, armados con la complicidad y tolerancia de las autoridades, que tratan de imponer por la fuerza su voluntad al resto de los chilenos, se apoderan de las fuentes de trabajo y amenazan la propia vida de quienes no se les someten. Esto significa el establecimiento del terror y corresponde al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros el deber de poner término inmediato a esta situación”.

—Que el Comité Permanente del Episcopado de Chile —presidido por el cardenal Raúl Silva Henríquez— resolvió hacer un llamado extremo para evitar la lucha armada entre chilenos, en una exhortación efectuada en el año 1973 con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen. En este último documento colectivo del Episcopado se decía: “Hablamos en una hora dramática para Chile. Lo hacemos por ser fieles a Cristo y a nuestra patria… para evitar una lucha armada entre chilenos… y tratar de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una guerra fratricida. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. La peor desgracia que puede ocurrir a un país, y esto todos lo sabemos, es una guerra civil. No sólo por su secuela de muerte y de miseria. Sino por el envenenamiento del alma nacional por el odio y el rencor que hace muy difícil la reconstrucción ulterior. Tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo... La Virgen del Carmen inspiró a los Padres de la Patria cuando luchaban por la Independencia. ¿De qué nos serviría lo que ellos ganaron tan duramente si ahora asesinamos la Nación?”.

—Que el Consejo General del Colegio de Abogados, mediante una declaración de fecha 8 de agosto de 1973, manifestó que “por la unanimidad de sus integrantes ha acordado dirigirse a la opinión pública del país, y en especial, a todos sus miembros, en cumplimiento del deber de conciencia de movilizar a los más amplios sectores ciudadanos frente al quebrantamiento del Estado de Derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos… Es



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impostergable el restablecimiento pleno de la vigencia de los derechos que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, manifiestamente conculcados en sus diversas expresiones”.

—Que cuando Allende formó su último gabinete cívico-militar el 9 de agosto de 1973 —en el que incorporó a los tres comandantes en jefe de las FF.AA. y al general Director de Carabineros y al que denominó “Gabinete de Seguridad Nacional”— le ofreció el ministerio de Hacienda al prestigioso economista Felipe Herrera Lane, quien “no aceptó conducir las finanzas porque estima que ya no existe médico ni medicina para curar a Chile de su terrible mal”.

—Que la Cámara de Diputados, con fecha 22 de agosto de 1973, considerando “que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece”, acordó representarle “a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” y “asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”.

—Que el día 3 de septiembre de 1973, ante la situación de violencia que se vivía en el país, el cardenal Raúl Silva Henríquez dirigió un mensaje a todos los chilenos que llevaba por título “Congoja y esperanza”, en el que decía: “Ante la incierta y tensa situación que está viviendo nuestra Patria, varias personas, de diversas tendencias, me han pedido haga oír mi voz de pastor, para tratar de acallar las pasiones y hacer reflexionar a todos los hombres de buena voluntad que aman verdaderamente a Chile y quisieran evitar la horrenda desgracia de una lucha fratricida, que vendría a ensangrentar nuestra tierra, deshacer nuestros hogares, y sembrar la destrucción, la ruina y el hambre a lo largo de nuestro territorio. El apocalíptico fantasma de la guerra entre hermanos aparece, inquietante, a nuestro atribulado espíritu, llenando de dolor y congoja nuestra alma de pastor”.

—Que el 7 de septiembre de 1973 el presidente Allende manifestó: “No tenemos el más mínimo stock de harina. A lo sumo para tres o cuatro días más”.

—Que el ex presidente de la República Gabriel González Videla concluye con la siguiente frase el capítulo de sus memorias dedicado al análisis del proceso de quiebre del régimen institucional chileno: “Sólo las Fuerzas Armadas podían, con el filo de sus espadas, cortar este nudo gordiano fabricado por el propio Allende”.

—Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, durante entrevistas concedidas a corresponsales extranjeros a fines de septiembre y en octubre de 1973, don Patricio Aylwin Azócar declaró: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de



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Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista. Por eso, cuando se produjo el Pronunciamiento Militar y se formó la Junta Militar de Gobierno, nosotros los democratacristianos habríamos faltado a la verdad y habríamos sido inconsecuentes si no hubiéramos reconocido que la responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene de la acción del Gobierno de la Unidad Popular y que las Fuerzas Armadas no buscaron esto, sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile”. Y, haciéndose cargo de una pregunta sobre los abusos denunciados por algunos medios internacionales, dijo: “Es muy fácil convertirnos en juez de otros que están peleando, mientras uno está sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han sentido la acción... Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada Vía Chilena de Construcción del Socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende, y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”.

—Que, asimismo, con posterioridad al 11 de septiembre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, en la carta que le envió el 8 de noviembre de 1973 a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, expresó: “Este país ha vivido más de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre. A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país… trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo leninismo… Para lograrlo, aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia… En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares… Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista… Frente a estos hechos, naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber —y lo cumplió— denunciar esta tentativa totalitaria… este gobierno minoritario… estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación… instaurado el gobierno convergieron hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda, de la guerrilla y de los movimientos de extrema izquierda revolucionarios de América… Hay más de cincuenta documentos publicados por el partido y dados a conocer en el Parlamento respecto a la internación ilegal de armas… Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40%) permitirían dotar a más de 15 regimientos… Nos preguntamos una vez más… ¿Qué democracia puede resistir esta situación? ¿Acaso la Democracia Cristiana… debía quedar silenciosa? ¿Merece el calificativo de fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta realidad? ¿Pretenden acaso que lo democrático era permanecer mudos, amparando la preparación desembozada de una dictadura impuesta por la fuerza de las armas?... La directiva del partido llegó a la convicción de que exclusivamente se estaba ganando tiempo para



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preparar el control total del poder por parte de la Unidad Popular, y acelerar su aparato paramilitar y el reparto de armas…. Toneladas de propaganda no borrarán un hecho: llevaron a un país de ejemplar vida democrática al fracaso económico y al derrumbe de sus instituciones…. No hay ninguna duda de que el caso chileno es un buen ejemplo de cómo un inmenso aparataje de propaganda es capaz de presentar las mayores falsedades y convertirlas en realidad… Pero tampoco podemos aceptar que la mentira se transforme en un sistema, mientras se ocultan las causas de una situación tan terriblemente difícil, responsabilidad de quienes arruinaron y destruyeron la democracia chilena… Las Fuerzas Armadas —estamos convencidos— no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar porque creen que ésta es la condición para que se restablezcan la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida”.

—Que el mismo ex presidente Frei, en el prólogo del libro de Genaro Arriagada Herrera publicado en el año 1974, titulado De la vía chilena a la vía insurreccional —y que lleva como epígrafe un pensamiento de Píndaro: “Fácil es, incluso para el más débil, destruir una ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo”— reitera los conceptos expuestos en su carta a Mariano Rumor y expresa, entre otras consideraciones: “Los sucesos vividos en Chile durante estos últimos cuatro años han tenido repercusión mundial… Era necesario que pasara algún tiempo para intentar una respuesta, pues parecía imposible referirse con objetividad a ciertos acontecimientos sin chocar con pasiones y heridas demasiado recientes y dolorosas. Hacerlo, sin embargo, no resulta fácil, porque en general los que se refieren al caso chileno, más que dar a conocer la realidad, están interesados en ocultarla o instrumentarla en función de sus propios fines, usando ciertas tácticas publicitarias en boga que consisten en amedrentar y aplastar a los que no se someten a sus dictados. Y no faltan aquellos que, temerosos de caer bajo los ataques de quienes usan estos métodos y disponen de esas armas, se suman a ellos, o callan”. En otro párrafo Frei señala: “la Democracia Cristiana se formó la convicción de que se estaba siguiendo un plan que en definitiva destruiría en sus fundamentos la economía chilena”. Más adelante, dice: “En el análisis de los factores que provocaron la crisis hay un capítulo que sin duda no puede soslayarse. Las Fuerzas Armadas de Chile eran conocidas en el continente por su prescindencia política y por su inveterado respeto a la Constitución y a las leyes. No obstante, desde su inicio el Gobierno de la Unidad Popular se planeó una acción sistemática para atraer a las Fuerzas Armadas y comprometerlas en política. A pesar de su resistencia, en el transcurso del año 1972 y posteriormente en 1973 se designaron ministros que las representaban en distintos ministerios. Al mismo tiempo se hizo evidente una acción destinada a penetrar a las Fuerzas Armadas, lo que provocó incluso algunas tentativas de rebelión. La importación de armas, la organización de fuerzas militarizadas, la presencia de extranjeros pertenecientes a movimientos extremos que intervenían en la vida interna del país, los intentos de penetración que alteraban su disciplina, y diversos otros actos y declaraciones que las afectaban provocaron en ellas un cambio profundo en su actitud. Estas razones fueron, en último término, las que indujeron al pronunciamiento militar de septiembre de 1973. No hay duda que por largo tiempo trataron de evitar la ruptura con el Gobierno y se resistieron largamente a intervenir. Ese es un hecho histórico que es imposible desconocer. La verdad es que las Fuerzas Armadas actuaron cuando ya se había extendido por el país una clara



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sensación de anarquía, cuando la Constitución había sido evidentemente transgredida, y cuando ellas mismas se sintieron amenazadas”.

—Que a comienzos del año 1974 el entonces ministro de la Corte Suprema —y después presidente de ese Alto Tribunal— Rafael Retamal le respondió lo siguiente a don Patricio Aylwin, cuando éste le hizo saber su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros que afectaban la libertad y los derechos de las personas: “Mire, Patricio: los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho”.

—Que en septiembre de 1975, cuando ya se había producido la mayor parte de las bajas, el Comité Permanente del Episcopado, en la declaración “Evangelio y Paz”, opinaba: “Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas, al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría a esa mayoría. Por desgracia muchos otros hechos, que los propios partidarios del pasado gobierno hoy critican y lamentan, crearon en el país un clima de sectarismo, de odio, de violencia, de inoperancia y de injusticia, que llevaba a Chile a una guerra civil o a una solución de fuerza”.

—Que dada la situación descrita en los párrafos precedentes, la ciudadanía demandó la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se hicieron cargo del poder porque no había otro remedio, ante un fracaso de los políticos civiles que ponían en peligro intereses vitales de la patria.

—Que las Fuerzas Armadas fueron llamadas porque ellas —dígalo o no la Constitución— son las garantes en última instancia del orden institucional de la República, y porque eran las únicas instituciones capaces de restablecer el orden, la democracia y la economía que habían sido destruidas; tarea que llevaron a cabo con pleno éxito, entregando a las nuevas autoridades civiles en 1990 un país en pleno auge, cuyo estado floreciente nadie discutía.

—Que el gobierno militar restauró la autoridad pública y el imperio de la ley, sin los cuales no hay convivencia ciudadana posible.

—Que lamentablemente, durante dicho gobierno, algunos de sus funcionarios cometieron arbitrariedades, excesos o delitos que son injustificables y que nadie puede dejar de condenar. No obstante, tales excesos o delitos se pueden explicar por el clima de violencia imperante generado por extremistas, terroristas y grupos subversivos armados, que enfrentaban a las fuerzas de seguridad del Estado y que socavaban la convivencia nacional y al propio Estado.

Considerando:

—Que los jueces se resisten a aplicar la ley en el contexto en que ocurrieron los hechos y los juzgan como si hubieren acaecido en la actualidad, olvidando el entorno de odio político, de violencia, de polarización y de división entre los chilenos, que sirvió de marco a los delitos que se están juzgando; cuando Chile vivió la peor crisis de su historia; cuando se estaba al borde de la guerra civil y de la desintegración nacional; cuando desde el propio gobierno y sus partidarios se validaba la violencia política y la vía armada para alcanzar el poder total y se exacerbaba la lucha de clases.



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—Que no es justo evaluar con los criterios de hoy delitos que son condenables, pero que se gestaron en un ambiente de odios extremos, que dividieron al país en dos bandos irreconciliables y lo llevaron al borde de la guerra civil. Un peligro de tal magnitud, como lo previno el Comandante en Jefe del Ejército y a la sazón ministro del Interior, general Carlos Prats, habría significado inmensas pérdidas de vidas humanas, entre medio millón y un millón de personas.

—Que la paz social solo puede alcanzarse mediante la imposición del orden recto, lo que ordinariamente lleva consigo la necesidad de aplicar la fuerza para impedir la acción de quienes subvierten ese orden.

—Que dadas la naturaleza del hombre y de la sociedad, no puede haber orden jurídico sin que haya una fuerza de la cual el Estado pueda servirse para el acatamiento de las normas jurídicas. Por ello se presenta simbólicamente a la justicia provista de una espada.

—Que la violencia física legítima es muchas veces necesaria para dar eficacia al derecho y para repeler o neutralizar la violencia ilegítima y el crimen.

—Que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia física.

—Que la aplicación de la violencia física no solo es legítima —cuando es aplicada por la autoridad legítima— sino que es justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

—Que por lo anterior las condenas universales de la violencia —“hay que condenar la violencia, venga de donde venga”— son improcedentes y carecen de base moral.

—Que la represión de la violencia ilegítima y del terrorismo no puede hacerse solo con buenas palabras. Es imposible hacer entrar en razón a un grupo o a una colectividad decididos a usar la violencia y a provocar un conflicto, gracias a encantamientos, oraciones o propuestas de amistad y de conciliación o a demostraciones de benevolencia.

—Que en situaciones excepcionales llega un momento en que únicamente con la violencia se puede detener la violencia. La violencia ilegítima de personas o grupos solo puede contenerse mediante el uso de la fuerza. El derecho solo es eficaz para controlar la violencia ilegítima en el caso de situaciones ordinarias.

—Que el uso de la fuerza legítima del Estado —representada por las Fuerzas Armadas y Carabineros— es, en definitiva, una garantía de seguridad, de orden y de convivencia en libertad.

—Que se pretende imponer en la opinión pública una idea falsa acerca del uso legítimo de la fuerza. La defensa de los derechos humanos es usada en forma dialéctica para desarmar sicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a emplear la fuerza para reprimir a quienes no cumplen la ley y subvierten el orden o que ejecutan acciones violentas o atentados de carácter terrorista.



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—Que, desde el punto de vista moral, hay una diferencia fundamental entre el uso legítimo de la violencia y la violencia ilegítima. Hay una diferencia esencial entre el uso legítimo de la fuerza y una pura agresión.

—Que no es posible poner en un plano de igualdad moral a los extremistas y terroristas con quienes tienen por función defender, resguardar y garantizar la soberanía nacional y el imperio de la ley.

—Que a mediados de 1973 Chile vivía una dramática situación de violencia, de disolución social y de anarquía, con la perspectiva de una guerra civil inminente y catastrófica, análoga a los últimos meses de la República Española, antes de julio de 1936.

—Que la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, agrupaciones políticas, el Comité Permanente del Episcopado e importantes asociaciones gremiales y otros órganos e instituciones de carácter privado habían denunciado el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República y el peligro que esto significaba para la estabilidad democrática.

—Que tal situación llevó a las Fuerzas Armadas y Carabineros, a requerimiento de la gran mayoría ciudadana y como última reserva organizada de la nación con capacidad gobernante, a ocupar el vacío de autoridad y a asumir la tarea de reorganizar las bases de la vida política, económica y social de la nación.

—Que para lograr dicho cometido y reprimir la acción de diversos grupos armados, tanto el día 11 de septiembre de 1973 como durante los meses que le siguieron, fue preciso utilizar la fuerza legítima del Estado, que la nación ha dejado en manos de sus Fuerzas Armadas y Carabineros.

—Que en la referida tarea los miembros de las FF.AA. y Carabineros debieron exponer su vida al tener que enfrentarse a personas o grupos armados que actuaban con inusitada violencia. De hecho, resultaron muertos más de doscientos soldados y carabineros, sin considerar los numerosos heridos graves que quedaron con algún grado de incapacidad.

—Que las FF.AA. y de Orden se vieron obligadas a intervenir, institucionalmente, para evitar una guerra civil y a fin de impedir que lograran su objetivo quienes, por medio de las armas, pretendían imponer en nuestra patria un régimen totalitario marxista de corte castrista. Y la lógica de las armas implica la lógica de la violencia, de la muerte, del sufrimiento y de eventuales excesos en el uso de la fuerza.

—Que es imposible, y hasta ingenuo, creer que una guerra civil larvada o en preparación y a punto de estallar, se pueda contrarrestar sin acciones violentas que permitan anular la fuerza del adversario, las que resultaban inevitables en el contexto de un trastorno de todo orden que no tenía precedentes en la vida de Chile.

—Que dados el poder y la clandestinidad de las fuerzas irregulares armadas, las acciones para enfrentarlas difícilmente podrían haber sido indoloras y jurídicamente impecables.



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—Que en esta cruenta guerra irregular contra grupos subversivos armados, algunos militares y carabineros se excedieron en su tarea de evitar o reprimir los atentados y acciones violentas de extremistas, guerrilleros y terroristas.

—Que algunos militares y carabineros actuaron ilegítimamente y son culpables de abusos o delitos.

—Que tales delitos son de aquellos denominados "de contexto histórico" y que en otra situación no se habrían cometido.

—Que a los responsables de esos delitos también hay que ir a buscarlos entre aquellos que preconizaban la lucha armada, que quisieron apoderarse del poder total para instaurar en Chile un régimen totalitario de carácter marxista y que provocaron la emergencia que obligó a intervenir a las FF.AA. y Carabineros.

—Que en los procesos contra los militares y carabineros se violan abiertamente principios jurídicos esenciales, tales como el de legalidad, el de tipicidad y el de irretroactividad de la ley penal.

—Que algunos jueces atropellan brutalmente la legislación vigente y no respetan derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas.

—Que no se respetan instituciones jurídicas fundamentales y no se aplica rectamente la ley, mediante interpretaciones engañosas, torcidas y artificiosas.

—Que en la gran mayoría de los casos los presuntos autores de delitos están exentos de responsabilidad penal por hallarse ésta extinguida legalmente, ya sea por amnistía o por prescripción de la acción penal.

—Que en la generalidad de los casos las resoluciones judiciales y las sentencias no aplican el derecho preexistente o lo aplican desviadamente y son, por lo tanto, arbitrarias e ilegítimas.

—Que en muchos casos los acusados son absolutamente inocentes de los crímenes que se les atribuyen y, en la gran mayoría de ellos, su culpabilidad está muy disminuida o es inexistente, dado el contexto social histórico en el que ocurrieron los hechos.

—Que todos los extremistas, guerrilleros y terroristas que cometieron asesinatos a mansalva, sabotajes, atentados con explosivos, secuestros y otro tipo de acciones violentas están en libertad, ya sea porque nunca han sido sometidos a proceso o bien porque han sido beneficiados por la ley de amnistía o por indultos generales o particulares.

—Que a los militares y carabineros imputados por supuestos delitos no les han sido aplicadas las leyes que los favorecen o los beneficios que sí les fueron aplicados a los extremistas y terroristas.



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—Que la ley se debería aplicar de igual manera y sin discriminaciones a todos quienes cometieron delitos: tanto a los extremistas, guerrilleros y terroristas como a los militares que tuvieron que enfrentarse a ellos y que cometieron delitos en su tarea de evitar o reprimir al terrorismo.

—Que la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre de 1973 corresponde a quienes desataron la situación de guerra civil, más que a aquellos militares y carabineros que cometieron actos reprochables como parte de la difícil tarea de conjurarla.

—Que los autores intelectuales y materiales de la violencia y quienes condujeron a la nación a una situación de guerra civil han eludido todas sus responsabilidades y hoy se yerguen en acusadores de quienes impidieron su intentona totalitaria.

—Que el sector que estuvo en la génesis de la violencia en nuestro país, que descalificó la democracia y que amenazó con la guerra civil no puede ser el referente de los derechos humanos.

—Que los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son, en rigor, “agentes del Estado” —como todos los funcionarios públicos, que obran en su nombre—, puesto que son las personas encargadas de hacer efectiva la voluntad del Estado en materias de seguridad y defensa.

—Que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron creadas por ley porque había una amenaza terrorista que combatir y muchos militares y carabineros pasaron por ellas como por una destinación más.

—Que poco falta para que todo uniformado que estaba en servicio durante el gobierno militar sea considerado un “violador de derechos humanos” y no tenga derecho a trabajar en la administración pública. Sin embargo, no hay impedimentos para que quienes pertenecieron al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) —declarado “empresa” por la Contraloría General de la República— u otras organizaciones terroristas puedan ocupar altos cargos públicos.

—Que en los juicios contra militares y carabineros se aplican convenios o tratados internacionales que no estaban vigentes en Chile al momento de ocurrir los supuestos hechos delictivos.

—Que los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile forman parte de nuestro derecho interno y deben ser respetados, tales como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se establecen pormenorizadamente las garantías judiciales y las normas del debido proceso.

—Que no obstante hallarse en vigor en todo el territorio nacional el nuevo sistema procesal penal, de carácter acusatorio, a los militares se les está aplicando el antiguo sistema procesal penal, de naturaleza inquisitiva; un sistema que no respeta las normas del debido proceso, que atenta contra los derechos humanos de los inculpados y que no respeta garantías



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constitucionales y derechos reconocidos en tratados internacionales que están vigentes en Chile.

—Que los tribunales no le aplican a los militares y carabineros la ley de amnistía (D.L. 2191 de 1978); una norma jurídica que está plenamente vigente y que en su momento benefició a 1475 miembros o simpatizantes de la Unidad Popular, tanto de colectividades políticas como de grupos paramilitares, incluso a terroristas que habían cometido gravísimos crímenes.

—Que se siguen abriendo causas por supuestos delitos que están absolutamente prescritos, por haberse cumplido más que sobradamente los tiempos exigidos por la ley para la prescripción de la acción penal; casos en los que la ley de procedimiento penal le ordena al juez no dar curso al juicio y decretar el sobreseimiento definitivo.

—Que los tribunales no respetan la cosa juzgada y reabren causas o inician nuevos procesos por los mismos hechos sobre los cuales ya había recaído una sentencia o el sobreseimiento definitivo.

—Que los jueces tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes, de aplicarlas y de interpretarlas rectamente, sin desvíos ni torceduras.

—Que los jueces deben resolver los casos aplicando el derecho preexistente, única forma de lograr el imperio de la ley.

—Que hay jueces que con la finalidad de condenar a los militares sacrifican su imparcialidad, se someten a los postulados de una determinada ideología, hacen caso omiso de la ley y de los derechos y garantías constitucionales y actúan de acuerdo con lo que ellos consideran “políticamente correcto”. Que esta situación es extremadamente grave, sobre todo cuando se da entre los magistrados de los tribunales superiores de justicia y, muy especialmente, entre los miembros de la Corte Suprema, la que tiene un poder enorme y casi sin contrapeso y se está convirtiendo en un Leviatán judicial.

—Que a fin de imponer su voluntad hay jueces que fallan, a sabiendas, contra ley expresa y vigente, cometiendo el delito de prevaricación.

—Que es despreciable y peligrosa la actitud de aquellos jueces que no aplican el derecho, que es su función suprema, sino que tratan de satisfacer intenciones propias por sobre el mandato explícito de la norma.

—Que las sentencias dictadas en disconformidad con el derecho preexistente o que aplican torcidamente la legislación vigente se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos.

—Que lo que diferencia a la barbarie de una forma civilizada de convivencia es la vigencia del derecho.

—Que cuando las sociedades no respetan el derecho entran a regir la reacción visceral de la venganza, la Ley del Talión o la ley del más fuerte; es decir, regresan a la barbarie.



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Manifestamos:

—Que a los militares y carabineros se les deben aplicar las leyes vigentes, entre las que se incluyen la prescripción de la acción penal y la ley de amnistía.

—Que se respeten la cosa juzgada, el principio pro reo y otros que benefician a los inculpados.

—Que no se atropelle la ley o se aplique torcidamente, lo que constituye una vulneración de la juridicidad y del Estado de Derecho.

—Que se respete la presunción de inocencia y no se aplique una indebida presunción de culpabilidad.

—Que no se someta a los procesados a prisión preventiva sin existir fundamentos que la justifiquen ni necesidad alguna para ello.

—Que a los uniformados no les sea aplicado el sistema procesal penal inquisitivo, sino que el acusatorio; que es el que se le aplica a todos los habitantes del país y que —a diferencia del inquisitivo— es el que respeta las garantías del debido proceso.

—Que no se altere la carga de la prueba y que les sean aceptadas a los imputados las pruebas que los exculpan.

—Que no se trate de condenar a toda costa y sea como fuere a los militares.

—Que las sentencias condenatorias no se funden en pruebas viciadas o impertinentes y dictadas sobre la base de indicios o presunciones que se fundamentan en declaraciones de testigos inhábiles o falsos, o en otras presunciones o en consideraciones meramente subjetivas.

—Que sean inhabilitados los jueces afectados por causales de implicancia o recusación de carácter familiar, personal, de amistad u otras que hagan presumir enemistad, odio o resentimiento con los imputados, o por haber manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente.

—Que no se condene por secuestro sin estar comprobado que el delito se sigue cometiendo o en aquellos casos en que lo único acreditado en el proceso es el hecho de que el imputado detuvo a cierta persona y que luego la entregó ilesa en un centro de detención.

—Que en los procesos no se cometan aberraciones tales como la de considerar que el "secuestro" se sigue cometiendo desde el año 1973 hasta el día de hoy, incluso por personas que se hallan condenadas y privadas de libertad

—Que se presuma lo que la razón y el sentido común indican: que una persona desaparecida hace cuatro décadas en circunstancias de grave anormalidad política y social y de la que no se ha vuelto a tener noticias está fallecida y, por lo tanto, no está secuestrada. Que si la persona desaparecida no estuviese fallecida, sino que viviendo en algún lugar de Chile o del extranjero, tampoco estaría secuestrada.



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—Que a los procesados no les sean aplicadas normas de convenios o tratados internacionales que no estaban vigentes en Chile en la época en que ocurrieron los supuestos hechos delictivos.

—Que no se califiquen delitos cometidos por los uniformados como de lesa humanidad, en circunstancias de que los hechos por los que se les acusa no cumplen con los requisitos de ese tipo penal.

—Que las normas jurídicas que rigen en Chile en materia de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad son el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la ley 20.357, que solo son aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia en Chile, en el año 2009.

—Que al estar tipificados los delitos por los que se acusa a los imputados en nuestro derecho interno, debe ser aplicado éste y no normas imperativas de derecho internacional general (jus cogens), la costumbre internacional o principios generales de derecho.

—Que se respeten los principios de legalidad, de tipicidad y de irretroactividad de la ley penal; que son principios esenciales del derecho penal.

—Que no se califique como “asociaciones ilícitas” a órganos del Estado creados legalmente para fines de seguridad interior con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 o que existían desde mucho tiempo antes.

—Que las detenciones ilegales cometidas por uniformados —que son funcionarios o empleados públicos—, deben ser calificadas como tales y no como secuestro.

—Que los jueces no dicten autos de procesamiento, autos acusatorios o sentencias sin existir en el proceso prueba alguna que los fundamente.

—Que los jueces no dicten sentencias fundadas en consideraciones extrajurídicas, en apreciaciones subjetivas o sobre la base de consideraciones políticas.

—Que no se condene a personas por el mero hecho de haber estado en el lugar de los hechos, "por responsabilidad del mando" o porque "no pudo menos que saber desde el alto cargo que ocupaba"; lo que es absurdo desde el punto de vista del derecho penal y, por lo mismo, se trata de situaciones que no están tipificadas en el Código Penal.

—Que se les conceda a los militares y carabineros privados de libertad los beneficios carcelarios a que tienen derecho.

—Que no se mantenga encarceladas a personas que tienen más de ochenta años de edad, que no tienen control de esfínteres, aquejadas de cáncer u otras enfermedades terminales.

—Que la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad ante la justicia se ve agravada por el hecho de que la jurisprudencia no es uniforme, puesto que la suerte de los acusados no depende de lo que señala la ley, sino que de la forma torcida en



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que ésta es interpretada o aplicada por los jueces y de la integración circunstancial de las salas de las cortes de apelaciones y de la sala penal de la Corte Suprema.

—Que no se justifican severas penas de privación de libertad y de cumplimento efectivo de ellas, después de transcurridas cuatro décadas de ocurridos los supuestos hechos delictivos. —Que se cumpla lo que establece la ley acerca del cumplimiento simultáneo de las condenas.

—Que no se condene a personas de setenta o más años de edad a penas privativas de libertad de cinco, diez o más años, ya que ello, en la práctica, significa condenarlos a prisión perpetua.

—Que este encarcelamiento hasta la muerte es especialmente inicuo si se considera que se produce por hechos ocurridos hace cuarenta años y que, desde entonces, los afectados han tenido una conducta intachable.

—Que los militares y carabineros en situación de retiro no están siendo juzgados con equidad, racionalidad, objetividad y según las normas legales vigentes en Chile, mediante interpretaciones y resoluciones judiciales absolutamente sesgadas, lo que constituye una deslegitimación constante de una institución clave en el Estado de Derecho, como es el Poder Judicial, lo que lejos de fortalecerla produce graves efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación.

—Que en aras de la paz social y de la unidad nacional es conveniente terminar con los rencores del pasado y poner fin a la inicua persecución política y judicial contra los militares y carabineros en retiro, lo que más que justicia parece venganza y solo consigue mantener abiertas las heridas y exacerbar el odio entre los chilenos.

—Que nuestra historia ha sido falseada con eslóganes, consignas ideológicas y ocultamientos de la verdad y que es preciso dar a conocer, especialmente a los jóvenes, los hechos del pasado tal como ocurrieron en la realidad.

—Que debemos agradecer a los militares y carabineros que hayan salvado a Chile de una guerra civil o de caer bajo una tiranía comunista y que constituye una deslealtad renegar del gobierno militar, especialmente por parte de aquellos que formaron parte de ese gobierno o de quienes salvaron su vida y hacienda o que prosperaron gracias a él.

—Que los militares y carabineros en retiro tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos.

—Que no es razonable buscar justicia a toda costa, puesto que en tal caso la justicia suma se convierte en suma iniquidad. La justicia debe estar templada por la prudencia, la clemencia y la caridad.

—¡Ya es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución en contra de los militares y carabineros!



Santiago de Chile, 14 de diciembre de 2012


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