Friday, June 20, 2014

¿La Democracia Cristiana acorralada?

20 de junio de 2014

avatar


Las máximas autoridades del partido, en diversas oportunidades, han venido manifestando que el mismo no se encuentra satisfactoriamente representado en los cargos de gobierno, en cuanto a que las áreas más importantes de éste, desde el punto de vista ministerial, se han confiado a militantes de otros partidos políticos. Dicha baja representación y escasa influencia, no se refiere solamente a número de cargos, sino que esencialmente a la falta de participación efectiva en la formulación de las propuestas fundamentales del gobierno. Dicha situación queda muy clara si observamos la conformación del actual gabinete. En éste la Democracia Cristiana se halla relegada a un plano absolutamente secundario, aspecto que se agrava con el desarrollo específico del programa.
Efectivamente, la reforma tributaria, que evidentemente es un tema de primera prioridad, ha sido encargada a un militante socialista que desempeña la función de ministro de Hacienda. La reforma educacional se encuentra designada al ministro de Educación, que es un militante del PPD; la reforma electoral, en lugar de hallarse en las manos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la ha asumido el ministro del Interior, que es un militante del PPD; las relaciones exteriores, que a nuestro juicio es el cuarto Ministerio más importante por los desafíos que tiene Chile, también están encomendadas a un militante PPD, su actual ministro; la política energética es llevada a cabo por el Ministerio del ramo, el cual fue asignado a un militante del Partido Socialista. El reciente tema del aborto, tan sensible para la Democracia Cristiana, lo lidera una militante comunista.
Todas las personas que tienen bajo su responsabilidad llevar a cabo las propuestas de cambios estructurales, son destacadas personalidades, de méritos sin duda alguna, pero no representan las sensibilidades propias de un partido con profunda y probada vocación de cambio, como es la Democracia Cristiana en cuestiones económicas, sociales y estructurales.
Puede concluirse que, al parecer, la Presidenta no confía en la Democracia Cristiana, en los mismos términos que en los partidos de la izquierda; lo anterior pese a que una combinación política debidamente equilibrada, no puede racionalmente prescindir de ella, por cuanto sus votos en el Congreso y el carácter que puede imprimir en algunas medidas, la hacen necesaria para los delicados equilibrios políticos que existen en Chile, a 25 años del fin de la dictadura.
Si salimos del ámbito meramente ministerial y entramos a examinar otras funciones políticas del gobierno, en organismos pertenecientes al Estado, encontramos un panorama semejante. Así, por ejemplo, la Corfo y el Banco Estado, entidades claves en el área financiera relacionada con los nuevos emprendimientos, están igualmente presididas por la izquierda. Igual cosa ocurre con otras áreas sociales, como aquellas vinculadas a la vivienda y salud.
Puede concluirse que, al parecer, la Presidenta no confía en la Democracia Cristiana, en los mismos términos que en los partidos de la izquierda; lo anterior pese a que una combinación política debidamente equilibrada, no puede racionalmente prescindir de ella, por cuanto sus votos en el Congreso y el carácter que puede imprimir en algunas medidas, la hacen necesaria para los delicados equilibrios políticos que existen en Chile, a 25 años del fin de la dictadura.
La pregunta que nos hacemos es si esa desconfianza tiene algún fundamento efectivo o si se funda sólo en la historia política y militancia de la primera autoridad.
Si analizamos la historia de la Democracia Cristiana en sus relaciones con la izquierda chilena, desde la dictadura militar en adelante, es decir, por cuarenta años, no podemos sino concluir que los demócratacristianos han desarrollado una muy sólida y valorada amistad cívica con dicho mundo y que coinciden en las necesidades de hacer profundos cambios estructurales, los que por cierto están pendientes y que no son sólo los propuestos por el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Una vez que la democracia volvió, la amistad cívica se expresó en una sólida alianza electoral, sin duda exitosa, que permitió en grado no menor que, gracias a las concesiones que hizo la Democracia Cristiana, los partidos de izquierda pudieran desarrollar en plenitud su potencial, a tal punto que en el cuadro actual y en lo que se denomina alianza programática de gobierno, en la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana es uno de sus 7 miembros, no obstante que tiene un tercio de la fuerza electoral. Tal tercio electoral, por lo menos hasta ahora, pareciera no tener influencia efectiva en el actual gobierno. Esa es una falla geológica de la Nueva Mayoría que está repercutiendo en la gestión gubernamental.
El papel de la Democracia Cristiana en la conformación de la base programática del gobierno fue vital, ya que nutrió su programa con muchas materias que se acordaron en el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana del año 2007. Basta recordar que allí se estableció la necesidad de una AFP estatal y la creación de un sistema solidario alternativo, en respuesta al de capitalización; un sistema educativo que limitara el lucro con los fondos públicos y terminara con los municipios como actores principales de la educación, recreando una educación pública poderosa, de calidad y valorada por la comunidad. En materia laboral se acordó cambiar las relaciones laborales y aumentar la negociación colectiva, incluso a nivel sectorial, por categorías de trabajadores, por ramas productivas o grupos de empresas, que es ir mucho más lejos que el proyecto del multirut. Es decir, nuestro proyecto implica profundizar los cambios, aunque con racional gradualidad.
En ese ingrediente político que entregó la Democracia Cristiana al país se contiene un sinnúmero de elementos que están en proceso en el actual gobierno, entre ellos, el de la urgencia de una Nueva Constitución, materia que vemos con preocupación que ya no será abordada por el actual gobierno como cuestión esencial.
Expresado todo lo anterior, no podemos entender que por opinar diferente, incluso, a veces en materias francamente menores, en el gran proceso de cambio que dice relación con aspectos tributarios, en el que existen razonables dudas, y que, por planteamientos que buscan ir primero a una educación pública renovada, respetando la más amplia libertad posible, para que los padres elijan la educación de sus hijos, en un sistema mixto, dos presidentes de partidos, entre otros, que forman parte del acuerdo programático que implementa Bachelet, se refieren a la Democracia Cristiana de una manera descalificatoria, señalando, incluso, que no se comportaría ésta como un partido de gobierno.
La Democracia Cristiana sin duda aprendió a convivir con aliados. No se recuerda que en los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, ante cuestiones mucho más delicadas, como el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, la detención de Pinochet, la Cárcel de Punta Peuco o privatizaciones de segunda generación, jamás los presidentes de dicho partido fueron descalificados por sus aliados.
No cabe duda que la Democracia Cristiana tiene una vocación libertaria y una justa valoración de la igualdad razonable a que se debe propender en la sociedad. En su historia se encuentra incorporada, verbigracia, la reforma agraria, la defensa incuestionable de los derechos humanos, aportes significativos al país que no pueden ser desconocidos por nadie.
La pretensión ya reiterada de descalificar el derecho de la Democracia Cristiana y de cualquier otro partido o persona a entender las cosas de acuerdo a sus propias perspectivas es grave y afecta la necesaria unidad en la diversidad para enfrentar el futuro. En política, como en todas las cosas del diario acontecer, existen diversos puntos de vista. Por cierto que cuando llega un nuevo gobierno y tiene un programa, existe la esperanza que el mismo sea materializado. Con todo, no existen intérpretes únicos de tal programa, poseedores de una verdad revelada. Las políticas públicas tienen diversos caminos para ser llevados a cabo. Así, y solo a modo de ejemplo, la reforma tributaria que busca implementar la recaudación fiscal, en sumas importantes de dinero, no tiene una versión exclusiva. Sin embargo, las autoridades de gobierno, sus ministros y subsecretarios, parecieran entender que ellos están investidos de una autoridad superior para interpretar lo que se debe hacer, semejante conducta afecta evidentemente la posibilidad efectiva de entablar diálogos o conversaciones constructivas entre todos los actores de la comunidad nacional y principalmente entre aquellos que tienen relevancia política.
Desde este ángulo de observación, resulta razonable hacerse la pregunta de si los aliados de la Democracia Cristiana y la Nueva Mayoría no estarán deseando verdaderamente dejar a ese partido político fuera del gran acuerdo político, en la idea de que sólo sus fuerzas podrían conducir la realización de los grandes cambios. Los otros partidos integrantes de la Nueva Mayoría deben decirle al país si desean o no que la Democracia Cristiana siga siendo aliada de ellos; si están en situación cómoda con el partido Demócrata Cristiano o bien si se aprestan a realizar prácticas políticas para prescindir de este último.
Es preferible que se haga patente la situación que se ha expuesto. Ocultarla a través de simples palabras de buena crianza, como suelen hacerlo los dirigentes políticos, no es sano. Existe un grave problema y debería ser abordado ahora.
A la situación anterior, altamente compleja, se agrega otro problema: algunos opinamos que el ritmo intenso que se imprime desde el supremo gobierno, para impulsar sus propuestas legislativas, constituye una estrategia política que puede desbarrancarse en el camino, o empantanarse con grave daño para el proyecto político.
Se quiere presionar al máximo, recurriendo al súper presidencialismo de la actual Constitución Política, de suyo cesarista, en esta materia. Es ya una verdad establecida que la Constitución de 1980, incluso con todas las reformas que se han hecho hasta la fecha, consagra un régimen político totalmente desbalanceado en el equilibrio de los poderes.
Quien desempeña el cargo de Presidente de la República, tiene súper poderes, en término tales que el Parlamento queda reducido a un papel completamente secundario. Programáticamente se aspira a una nueva Constitución que establecería, entre otros cambios, una modificación del régimen político, precisamente moderando y equilibrando las facultades del Presidente de la República con la del Parlamento.
No obstante lo anterior, desde las cúspides del poder, se actúa de una manera distinta a dichos propósitos políticos institucionales de rango superior, ejerciendo las facultades presidenciales en el proceso legislativo, en forma extrema, lo que desde luego perturba el quehacer parlamentario y termina por afectar el funcionamiento de las Cámaras.
Lo anterior sucedió hasta un punto muy preocupante en la tramitación de la Reforma Tributaria, en la Cámara de Diputados, en la cual se llevó a cabo una discusión, que a nuestro modo de entender afectó gravemente la manifestación válida de la voluntad del pueblo soberano y el prestigio de dicha Cámara y ellos no es nada menor.
En la democracia representativa los acuerdos en el Parlamento y las votaciones no pueden hacerse de cualquier manera, máxime cuando la voluntad de cada parlamentario debe ser pronunciada después de debates informados, que arriben a conclusiones determinadas y ningún discurso o cuenta presidencial puede condicionar la esencia de la democracia.
Este miedo a conversar y debatir es contradictorio con toda democracia. Pensamos que imponer una regulación política, en la Nueva Mayoría, y en las definiciones del supremo gobierno, ejerciendo vetos, o coartando la expresión coherente y racional de distintos puntos de vista y de diferentes perspectivas, para abordar las mismas finalidades de cambios estructurales, podría conducir a una deslegitimación completa de tal combinación política y por cierto podría causar un daño irreparable al actual gobierno.
Sería altamente conveniente que tanto en la Democracia Cristiana como en todos los partidos se hiciera una reflexión muy profunda, por cuanto los fríos hechos están demostrando que al interior del gobierno y en los partidos hay controversias y choques que por el bien público debieran ser resueltos.
Constituye un craso error dividir el país para fines no confesados. Mirar todo en blanco y negro, como una supuesta lucha entre las fuerzas del mal y del bien, tal como lo hizo el Presidente George W. Bush, es extraordinariamente dañino. Como política y forma de conducirse a veces produce resultados pasajeros, pero, en definitiva, termina generando fracasos rotundos. En Chile no sobra nadie. Se debe gobernar a favor de las grandes mayorías, muy especialmente, a favor de la comunidad moral de los no privilegiados, pero lo anterior no debe llevar a una confrontación cada vez más aguda en el debate político.
La combinación de gobierno, Nueva Mayoría, en consecuencia, por las razones expresadas, debería abordar todo el tema relacionado por la Democracia Cristiana, por cuanto cada día es más evidente que tiene fundadas razones para sentirse de alguna manera “acorralada”, dado que sus aliados todos los días están martillando en contra de ella. Esta especie de campaña se ha visto últimamente incrementada, incluso por algunos dirigentes de la Democracia Cristiana que han sacado a relucir públicamente querellas internas menores, dando la falsa imagen de una suerte de división, agravando así la situación pública de tan importante partido político, que enfrenta un problema más de fondo, como lo hemos explicado exponiendo hechos indubitables.
Aún es tiempo, en estos aspectos, de dar un golpe de timón, enderezar la nave para que así los grandes cambios puedan efectivamente realizarse. La presencia de la Democracia Cristiana en el gobierno es indispensable, pero debe ser una presencia real y efectiva y sobre todo de un carácter inclusivo.

Fuente: El Mostrador

No comments: