Tuesday, December 30, 2014

La masiva pérdida de patrimonio arqueológico que ensombrece la designación del nuevo director de la Dibam

Mientras el arqueólogo Ángel Cabeza era secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, autorizó la remoción de patrimonio arqueológico en el Valle de Pupío, en Coquimbo, para dar paso a la construcción del polémico tranque de relaves El Mauro, del Grupo Luksic. Decisión que terminó con la excavación irregular de más de 148 sitios arqueológicos, y la remoción de más de 500 rocas con más de 2.000 petroglifos de origen diaguita, incaico y molle, de más de 7 mil años de antigüedad, en lo que el Colegio de Arqueólogos denominó en su momento como “la mayor intervención patrimonial en la historia moderna de Chile”.


El citado megaproyecto –declarado “obra ruinosa” por el Tribunal de Los Vilos y “peligro para la vida humana” por la Corte Suprema, y considerado entre los tres de mayor impacto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental junto a las represas de Endesa en el Alto Biobío y la planta de celulosa de Arauco en Valdivia– implicó la excavación irregular de más de 148 sitios arqueológicos, y la remoción de más de 500 rocas con más de 2.000 petroglifos de origen diaguita, incaico y molle, de más de 7 mil años de antigüedad, en lo que el Colegio de Arqueólogos denominó en su momento como “la mayor intervención patrimonial en la historia moderna de Chile”.
Por este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente cursó recientemente a la citada empresa una multa de 2,4 millones de dólares por violar la Resolución de Calificación Ambiental 038 del año 2004, que obligaba a la construcción de un “parque rupestre”, antes de remover los petroglifos, pero que a la fecha aún no ha sido construido pese a los anuncios de MPL.
En 2010, la Contraloría General de la República dio cuenta de que dos arqueólogos y un historiador, funcionarios de la Dibam, dependiente del Mineduc, trabajaron simultáneamente para la minera y para este organismo fiscalizador. De ellos, el historiador Gonzalo Ampuero, miembro del Consejo de Monumentos Nacionales de Coquimbo, ya jubiló; mientras que el arqueólogo Gastón Castillo, integrante del Museo de La Serena, renunció; y el arqueólogo Cristian Becker, del Museo Nacional de Historia Natural, fue sancionado por el ente contralor.
En este caso también fue sancionada la ex directora de la Dibam, Nivia Palma, por no investigar las denuncias de irregularidades. Aun cuando Ángel Cabeza estaba al mando del organismo que dio el visto bueno al tranque, el fallo no contempló mayores menciones a su participación porque al momento del pronunciamiento él estaba en el ámbito privado.
Sin embargo, el caso ensombrece su designación al mando de la Dibam, porque desde la época que él conducía al CMN, este organismo nunca ha entregado el informe final del proyecto de remociones, con el catastro de piezas arqueológicas, fotografías, planos de detalles del sitio afectado, y fundamentos de la remoción de petroglifos en un total de 148 sitios arqueológicos, de los cuales la empresa informó apenas 40 al presentar el proyecto. Cabe señalar que el Reglamento de la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, en su artículo 4º, indica que “los permisos para excavaciones se cursarán para un sitio y excepcionalmente para varios, siempre que su número no resulte excesivo”.
Por otro lado, el informe Nº 19 de la Contraloría General de la República, de 2006, señala que la autorización dada por Ángel Cabeza se limitó a ratificar la aprobación al proyecto otorgada por el mencionado historiador Gonzalo Ampuero, quien en ese momento era funcionario público y empleado de Minera Los Pelambres. Aun mayor gravedad reviste la constatación de que Minera Los Pelambres y la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), propiedad del investigador del CEP, Ricardo Katz, “cortaron” un estudio científico arqueológico realizado por la ex directora del Colegio de Arqueólogos, Andrea Seelenfreund, para dejar sólo las conclusiones que favorecieran la remoción.
Adicionalmente, la Contraloría ordenó el 31 de mayo de 2012 la realización de un sumario administrativo al interior del Consejo de Monumentos Nacionales, sobre la base de la falta de fiscalización por parte de este organismo respecto del destino de cientos de piezas arqueológicas, las cuales han sido almacenadas en casas particulares (incluso de los propios arqueólogos), según consta en fotografías aportadas por la Brigada de Delitos contra el Medioambiente y el Patrimonio (Bidema) de la PDI. El órgano contralor ha evidenciado además la falta de un catastro de piezas; la desaparición de patrimonio que luego apareció en el mismo sitio en que lo habían buscado sin éxito, entre otros indicios de irregularidades.
Las respuestas dadas por el Consejo de Monumentos Nacionales a través de solicitudes de acceso a información realizada por particulares, demuestran que este sumario no ha dado resultado alguno, pese a que se han vencido los plazos legales para ello.
La pérdida patrimonial debería estar siendo investigada en la actualidad por Fiscalía, a la que en octubre pasado el presidente de la Corte Suprema le remitió nuevamente los antecedentes del caso.

Colaboración de Antonio Silva

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